La adjudicación de la provisión de tubos para el gasoducto que conectará Vaca Muerta con Río Negro reactivó un debate de fondo sobre el rumbo de la política productiva. No es un dato menor: se trata de la primera vez en varias décadas que una empresa extranjera se impone a una firma argentina en una licitación de este tipo.

Según reveló el domingo La Nación, la compañía india Welspun se quedó con el contrato para abastecer de caños al proyecto de exportación de Gas Natural Licuado (GNL) de Southern Energy (SESA), un consorcio integrado por Pan American Energy, Pampa Energía, YPF, la noruega Golar y la británica Harbour Energy.

La clave estuvo en el precio. Welspun presentó una oferta un 40% inferior a la propuesta inicial del Grupo Techint, cuyo CEO es Paolo Rocca. Finalmente, la adjudicación fue por USD 203 millones para la provisión de 480 kilómetros de ductos. Tenaris, la controlada de Techint especializada en tubos, ajustó su propuesta, pero aun así quedó un 25% por encima del monto ofertado por la firma india.

Desde el holding industrial dejaron trascender que esa brecha de costos podría derivar en una denuncia formal por dumping, bajo el argumento de competencia desleal y con la advertencia de un impacto negativo de largo plazo sobre el entramado industrial local. También cuestionaron que este tipo de decisiones terminan favoreciendo el empleo en países como India o China, mientras que en Argentina persiste —según su visión— un esquema impositivo poco competitivo, atravesado por cargas nacionales, provinciales y municipales.

Ante la repercusión del caso, Infobae consultó a fuentes de máximo nivel en la Casa Rosada sobre la posibilidad de adoptar medidas antidumping. La respuesta fue categórica. “No vamos a pagar más caros los caños”, aseguró una fuente inobjetable del Gobierno, dejando en claro que no habrá intervención para revertir el resultado de la licitación.

En rigor, cualquier denuncia debería ser presentada por una parte interesada ante la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE), que depende de la Secretaría de Industria y Comercio, encabezada por Pablo Lavigne, un funcionario de extrema cercanía al ministro de Economía, Luis Caputo. Hasta el cierre de esta nota, el Grupo Techint no había formalizado ninguna presentación.

El propio presidente Javier Milei ya había marcado posición horas antes, con un mensaje publicado en su cuenta oficial de X que fue leído como una defensa explícita de la adjudicación. “Si ves ‘periodistas’, ‘economistas’ y políticos hablándote de la industria del acero y los perjuicios que causa la apertura, ya sabés quién le llena el sobre”, escribió.

Consultado puntualmente por el caso, un alto funcionario del Ejecutivo profundizó el argumento oficial: “Entre dos productos iguales no podés comprar el más caro. Si el costo de esos caños está subsidiado por China, por el Congo o por Kamchatka, el problema es de ellos. ¿Por qué deberíamos pagarlo nosotros? El precio nos conviene porque el subsidio no lo financiamos nosotros”.

Desde el punto de vista técnico, la CNCE define dumping como la exportación de un producto a un precio inferior al que se vende en el mercado interno del país de origen. Sin embargo, aclara que esa condición por sí sola no habilita la aplicación de sanciones: también debe demostrarse un daño concreto a la producción nacional y una relación causal directa entre ese daño y las importaciones cuestionadas.

En medio de la polémica, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, aportó su visión con un extenso análisis publicado en X. “Grupo Techint ofreció los caños un 40% más caros. Aunque alguien pueda pensar que aun así debía adjudicárseles el contrato —esa era la lógica del ‘compre nacional’, felizmente derogado—, eso es indefendible”, sostuvo. Y agregó: “Caños más caros implican menor rentabilidad del proyecto, menos inversiones, menos empleo y menos exportaciones”.

Sturzenegger subrayó que, con el precio del gas prácticamente fijo, ese mayor costo se habría trasladado a tarifas más altas para empresas y consumidores. “Es el famoso ‘costo argentino’”, resumió.

El ministro también destacó que las importaciones más baratas generan, por su efecto macroeconómico, incentivos para otras exportaciones. “No proveerse de insumos más eficientes es un mal negocio para las empresas y para el país. Si queremos ser competitivos no podemos tolerar ineficiencias laborales ni sobrecostos en los insumos. Si lo hacemos, nunca vamos a salir de décadas de estancamiento”, advirtió.

Además, reveló que, tras conocerse las ofertas de otros competidores, el principal productor mundial de tubos sin costura habría admitido que podía reducir su precio en un 40% y reclamó un derecho de “first refusal”, es decir, la posibilidad de igualar cualquier oferta presentada por terceros. “Si las licitaciones se estructuran así, habrá cada vez menos oferentes. El resultado será menos competencia y costos más altos en el futuro”, alertó.

El trasfondo del conflicto no es nuevo. A mediados de diciembre, durante el cierre del Seminario Propymes, Paolo Rocca elogió algunos lineamientos del actual Gobierno, pero advirtió sobre “presiones significativas” que amenazan la sustentabilidad de muchas fábricas y el empleo formal. En particular, apuntó contra la creciente exportación de productos chinos, impulsada por la caída del consumo interno en ese país y por una agresiva política de precios bajos en sectores como el acero.

En el caso puntual del proyecto de GNL, en Techint sostienen que los caños fabricados en India utilizan chapas provenientes de China, un dato que refuerza, según su mirada, la discusión sobre competencia desleal. Por ahora, sin embargo, la Casa Rosada se mantiene firme: el criterio del precio manda y no habrá marcha atrás.